"Hasta el momento faltan claridades en las políticas públicas medioambientales"

Con estas palabras y hoy desde la consultoría independiente, la ex titular del Medioambiente, Ana Lya Uriarte, se refiere, por primera vez, a las señales que en esta materia está entregando el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, particularmente, tras el retiro de los decretos que permitían implementar la nueva institucionalidad ambiental, lo que retrasaría este proceso entre tres y seis meses.

Tajante, la abogada, que se incorporó como investigadora al Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, indica que lo suyo no es un balance de lo que ha sido la gestión de las nuevas autoridades de la cartera, pues "no es riguroso ni serio hacer un balance en tan poco tiempo de la llegada del nuevo gobierno, pero lo que sí es posible indicar es que en las políticas públicas, como en la vida política, siempre son muy importantes las señales".

En este sentido, asegura que es clave que los signos en materia medioambiental "deben orientarse al cumplimiento oportuno de los acuerdos, a las definiciones y claridades respecto de los itinerarios, más que a la mantención de marcos de incertidumbre".

A juicio de Uriarte, al mirar en general los pasos que se han dado al interior del ministerio, que está encabezado por María Ignacia Benítez, "en tanto no nazca el Ministerio de Medioambiente y toda su institucionalidad de fiscalización ambiental asociada y se agilice el trámite de los tribunales ambientales, lo que tenemos es un marco de incertidumbre en un sector completo del país como es el ambiental".


Claridad en los plazos

Para revertir este escenario de poca claridad -enfatiza- "un tema clave para cualquier gobierno, y por cierto para el actual de Sebastián Piñera, debe ser la claridad en el cumplimiento de los compromisos de campaña presidencial y de gobierno. Es bueno para la ciudadanía y sano para las instituciones en general, que se conozcan las reglas del juego y las normas de implementación de esas reglas del juego".

"Lo que hoy resultaría conveniente y auspicioso es que se expliciten los plazos reales en que la ciudadanía puede esperar ver nacer la nueva institucionalidad ambiental", señala.

Lo anterior también permitiría -agrega- no exponer el acuerdo que se alcanzó en el Congreso en octubre pasado, y que fue clave para que la reforma ambiental no fracasara, sacar adelante la reforma ambiental, compromiso que con el retraso en los trámites -a su juicio- hoy se está incumpliendo. "Es necesario para el país que se honre ese acuerdo", enfatiza.

Consultada por los fundamentos que las autoridades en ejercicio han entregado para explicar esta decisión -desacuerdo con la estructura que planteó el gobierno de Bachelet y restricciones presupuestarias-, Ana Lya Uriarte se limita a señalar que "es necesario precisar las razones estrictas que generaron esa determinación".

Ello porque los decretos en cuestión aluden al encasillamiento de los recursos humanos de la actual Comisión Nacional del Medioambiente (Conama) y su traspaso al Servicio de Evaluación Ambiental y al Ministerio propiamente tal. "En consecuencia, la orgánica de ambos y las diferentes estructuras organizacionales son materia de posterior definición, con lo cual una cosa no obsta a la otra. La definición y los números siempre estuvieron sobre la mesa y disponibles para la nueva administración y, por eso, no se tocó la conformación de las secretarías regionales ministeriales, porque su conformación nos parecía que era naturalmente de resorte de la nueva administración".

Inversionistas en la mira
Si bien Uriarte estima que el efecto del retraso en la articulación de la institucionalidad y la incertidumbre que acarrea afectará en general a todos los sectores involucrados -la ciudadanía, el mundo político y los inversionistas-, para estos últimos el tema podría ser más sensible.

"Un sector que puede ser sensiblemente afectado en este ámbito es precisamente el de las inversiones que requieren evaluación ambiental y que resultan ser aquellos proyectos importantes en las principales actividades económicas que desarrolla el país".

Ejemplifica diciendo que es una realidad que un consorcio extranjero interesado en aliarse con una empresa local para invertir en un megaproyecto en el país, hoy está preguntándose con qué reglas del juego tendrá que desarrollar su actividad: las actuales o las que están mandatadas por ley y que regirán su actividad.

"Por eso es tan importante que conozcamos la definición de fechas de la implementación de la institucionalidad y, por sobre todo, cuáles son las tareas que se están llevando a cabo para acompañar esa implementación", reitera.

En este último punto menciona elementos tan sensibles como la dictación de los reglamentos que enmarcarán el trabajo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, un eslabón altamente sensible y transversal para la materialización de proyectos productivos en distintas áreas económicas.

A diferencia de lo que han indicado las nuevas autoridades, que apuntan el impacto del terremoto como una razón para reenfocar el trabajo y entre ello la conformación de la institucionalidad, Uriarte estima que, precisamente, este siniestro, que significa la alteración de una agenda, "llama a activar las áreas prioritarias de las agendas sectoriales para evitar los flancos de incertidumbre que genera una catástrofe como ésta.

Enfoque cambio climático

Respecto de la postura que Chile debe presentar en la próxima reunión de México, donde se espera sellar las negociaciones en materia de acciones contra el cambio climático, que comenzaron en Copenhague el año pasado, manifiesta que lo importante sería mantener las políticas y programas que en este sentido delineó el gobierno de Bachelet.

"Ahí surgieron acciones de Estado de mediano y largo plazo y entendemos que no están sujetas a la contingencia politica", concluye la ex ministra.

Fuente: Diario Financiero