Pablo Jaeger: "Chile debiera permitir dentro de los parques nacionales todo tipo de desarrollo comercial

Fuente: América Economía

El rechazo que estableció a fines de junio la Corte Suprema de Chile con respecto al otorgamiento de derecho de aguas para fines comerciales de los cursos de los parques nacionales de Chiloé y Puyehue, en el sur del país, para algunos era un buen augurio, ya que se vislumbraba esta decisión como un precedente dentro de los temas ambientales de esta índole. Sin embargo, el panorama no sería tan prometedor.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) de Los Lagos interpuso una demanda contra la Dirección General de Aguas (DGA) -organismo público dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP)- para que no se le otorgara la concesión de las aguas para su utilización en hidroeléctricas, la cual fue acogida por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Ante esto, la DGA respondió en octubre de 2010 enviando a la Corte Suprema doce recursos de casación en contra de los fallos de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

La sentencia se dio a conocer el 27 de junio y  uno de los puntos en los que se basó la Corte Suprema para su dictamen fue la Convención de Washington -publicada en el Diario Oficial el 4 de octubre de 1967-, la que prohibe la explotación con fines comerciales de las riquezas que existen dentro de los parques nacionales. Para algunos sectores este argumento podría significar un punto de inflexión, sin embargo, la situación no sería tan así, de acuerdo a lo explicado por el abogado y profesor de derecho de aguas, Pablo Jaeger, ya que a su juicio la DGA no fundó bien sus pretensiones.

Así da cuenta el séptimo punto del fallo, el que establece que “la presentación en análisis no cumple con ninguno de los aludidos requerimientos (…), lo cierto es que no existe ningún desarrollo de las mismas, en orden a explicar de qué forma el fallo recurrido las habría vulnerado, destinándose la presentación a efectuar una serie de afirmaciones genéricas sin mayor sustento ni explicación”. En otras palabras, la DGA habría hecho mal su trabajo, dejando a la Corte Suprema sin mayor opción de rechazar las casaciones, sin tampoco establecer un análisis más profundo.

Es por esto que para el jurista “la sentencia, desde esa perspectiva, no establece ningún precedente, porque si en otra oportunidad la DGA hiciera bien su trabajo y fundara bien su recurso, es perfectamente posible que la Corte Suprema pueda variar su opinión”.

Temas pendientes. A pesar de que lo que más le reprocha la Corte Suprema a la DGA es que su recurso era muy defectuoso, desde el punto de vista estrictamente jurídico, Jaeger rescató que la Corte Suprema hace unas afirmaciones bastante de fondo que pueden sentar un precedente, dejando a su vez la puerta abierta en ciertas áreas para futuras discusiones.

“La Corte Suprema dice que aquí se está poniendo un derecho de aprovechamiento para fines hidroeléctricos, el que es un fin comercial, pero la pregunta que sigues es: ¿será una actividad que le puede ocasionar un perjuicio al medio ambiente protegido por los parques nacionales? Y eso no está respondido en la sentencia y es una pregunta que, desde mi perspectiva, hay que hacerse necesariamente”, explicó el abogado.

A juicio del experto en derecho de aguas, lo otro que no fue abordado y que se van a tener que discutir más adelante, si es que el asunto vuelve a llegar a la Corte Suprema, es que la Convención de Washington utiliza la palabra “riquezas”, la cual tendría muchas acepciones.

“Riquezas no es lo mismo que recursos naturales, por tanto, si la Covención de Washington hubiese dicho la explotación de los recursos naturales, ese es otro tema. La interpretación más básica de riquezas es que si hay minerales, árboles, petróleo, no debieran explotarse con fines comerciales, pero el agua ¿es una riqueza o un recurso natural como la tierra?”, se preguntó Jaeger.

A partir de lo anterior, sería complejo concluir que el ámbito judicial está tomando mayor conciencia desde el punto de vista ambiental a la hora de fallar en este tipo de casos, así por lo menos lo evalúa el profesional, quien precisó que “creo que esta sentencia no permite concluir que la Corte Suprema se está poniendo “más verde”, porque lo que hace la sentencia es decir dos cosas: el recurso que me presentaron está mal hecho y, además, existe la Convención de Washington que prohibe la explotación con fines comerciales de las riquezas que existen dentro de los parques nacionales, entendemos que el agua es una riqueza, entonces, no está permitido constituir el derecho de aprovechamiento”.

Freno en las inversiones. Como esta sentencia se trataría de un caso tan puntual y el fallo dictado por la Corte Suprema sienta un precedente débil, esto no debería ser motivo para que se desalienten las inversiones en el país sudamericano.

“Desde mi perspectiva, el Estado de Chile debiera permitir que se lleve a cabo dentro los parques nacionales todo tipo de desarrollo comerciales, industriales, pero que sean amigables con el ambiente que están ubicados”, expresó Jaeger.

En tanto, el abogado manifestó que quizás lo que el país sudamericano necesita es plantearse si Chile quiere ser una nación suscrita a la Convención de Washington. “Son los países los que determinan sus parques nacionales, nadie obliga al Estado de Chile a poner un área protegida; si encuentran litio o petróleo en un parque nacional, el Estado de Chile es soberano para mandar un proyecto de ley y decir que el área del parque donde se encontro petróleo ya no va a ser parque nacional”, explicó.

Es así como siguen quedando más ámbitos en la palestra para ser discutidos y de esta forma establecer el norte que Chile desea tener frente a estos dilemas medio ambientales, análisis que puede resurgir cuando se soliciten nuevos derechos de aguas dentro de las áreas protegidas.

Fuente: América Economía

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Golborne: "La disponibilidad de agua potable urbana está asegurada para todo el invierno"

Fuente: El Mercurio

"Es el tercer año de sequía", recuerda de entrada Laurence Golborne. Lo tiene claro: como ministro de Energía, hace justo un año debió firmar un decreto de racionamiento eléctrico. Doce meses después, ahora como titular de Obras Públicas, preside la comisión interministerial diseñada por el Ejecutivo con la misión de proponer medidas para paliar los efectos del déficit hídrico actual y evitar que, en el futuro, estas situaciones provoquen impactos tan relevantes como el tener 77 comunas declaradas en emergencia agrícola.

¿Por qué se llegó a esto? Según Golborne, "por la falta de previsión y visión de largo plazo. (...) Los períodos de gobierno tan cortos incentivan que las cosas se hagan nada más que para el período de gobierno. Un embalse toma 10 años entre sus estudios, diseño y construcción. Si no se toman las decisiones hoy, no hay embalse en 10 años más".

Acompaña su argumento con un dato: en los últimos 30 años, sólo se han construido nueve embalses. En la actualidad hay tres en construcción (Chacrillas, Chironta y Valle Hermoso) y la meta del MOP es dejar diseñados otros 12 al final de la administración Piñera. "El 84% del agua que cae sobre el territorio se va directo al mar, sin haber sido utilizada. Con una mejor política de embalses, podríamos duplicar la superficie destinada a cultivos", afirma.

Golborne está seguro de que el Ejecutivo llegó bien preparado a esta contingencia. "Un ejemplo: en la Región Metropolitana, si uno miraba las cifras hace ocho meses, podría haber dicho 'vamos a tener problemas en el invierno del año 2012'. Así que tomamos medidas anticipadas. ¿Qué significó esto? Que el embalse El Yeso pasó de tener 50 mil millones de metros cúbicos a 109 mil millones. Eso permite asegurar que, aunque no llueva, tenemos agua para el consumo humano en el Gran Santiago hasta octubre, sin problema. Decimos octubre porque ahí empieza el siguiente año hidrológico, con los deshielos. No significa que en octubre se acabe el agua, sino que ahí termina el período más crítico", explica la autoridad.

-¿Y para el resto de las ciudades del país?

"En las grandes ciudades no hay problemas de suministro de agua potable, pues hemos tomado medidas preventivas. Existen más problemas en la zona de Copiapó, pero, en general, la disponibilidad de agua potable urbana está asegurada para todo el invierno".

En los sectores rurales -que se abastecen con redes locales, pequeñas, conectadas a pozos- la situación es más complicada: "Tenemos 98 mil personas en riesgo, en 134 sistemas de agua potable rural, entre las regiones de Coquimbo y el Maule. Lo que ocurre, por ejemplo, es que hay pozos captando agua a 75 metros de profundidad y el agua bajó a un nivel de 80 metros de profundidad. Entonces, hay que invertir en ahondar el pozo. En esa línea, tenemos 32 estudios hidrogeológicos terminados y 18 que están en ejecución de los 74 programados. Además, ya hay seis pozos construidos, 27 en ejecución y 44 por licitar, para un total programado de 77. Esto está beneficiando a 72 mil personas". Añade que en la V Región, 16 redes rurales se conectarán al sistema urbano de la compañía Esval.

En materia de riego, detalla que se han habilitado nuevos pozos y se intervino el río Aconcagua para "asegurar que llegue agua en forma equitativa a los regantes". También destaca el pronto envío al Congreso de un proyecto de ley que endurece las penas y sanciones civiles por el robo de agua y permite a la Dirección General de Aguas cegar pozos irregulares. Adicionalmente, en las zonas más complicadas se recurrirá al anunciado bombardeo de nubes, para lograr que los episodios de lluvia sean un poco más generosos que lo normal.

"Respecto del suministro, cuando el problema es que no hay agua, como en la cuenca de Copiapó -donde el problema no es la sequía, sino que se han entregado cinco veces más permisos de agua que lo que se debiera-, las soluciones son otras", afirma. Una de ellas es tomar agua de otra fuente e inyectarla en las napas a fin de reabastecerlas, para lo cual se hará un plan piloto. Pero también se analizan opciones más innovadoras: una es instalar un "río submarino", un tubo de cuatro metros de diámetro que recoja agua en la desembocadura de un río y la lleve a las zonas más necesitadas. La segunda es usar enormes vejigas para recoger agua de lagos o glaciares y empujarlas con barcos a los lugares afectados. La tercera opción es recurrir a

plantas desalinizadoras.

"Estamos estudiando cuáles son las alternativas viables. Los 'guateros' para mover agua funcionan en varias partes del mundo. Es una opción realista en el corto plazo y es posible recurrir a ella en caso de emergencia. El problema es que es caro. Ahora, la desalinización también es una opción muy utilizada, pero una planta de ese tipo toma al menos cinco años en construirse", dice.

Golborne apunta que el problema de estas opciones "es que son dos o tres veces más caras que lo normal. Además, permiten llevar agua a una zona costera, y de ahí hay que trasladarla al interior y a zonas más altas, lo que sube los costos. De todos modos, creo que -por ahora- no se vislumbra la necesidad de recurrir a traslados masivos de agua".

''El sector más beneficiado con los embalses es el agrícola, pero su disposición al pago no ha sido la que se podría esperar".

''Los períodos de gobierno tan cortos incentivan que las cosas se hagan nada más que para el período de gobierno. Un embalse toma 10 años entre sus estudios, diseño y construcción. Si no se toman las decisiones hoy, no hay embalse en 10 años más".

''Cuando un bien se hace más escaso en una economía libre, el precio refleja el valor de la escasez. Pero lo clave es que quienes más consumen agua, hagan un esfuerzo para optimizar ese uso".

Fuente: El Mercurio

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